Interior acierta al tomarse en serio el acoso a políticos

EL GOBIERNO parece dispuesto a evitar que continúe el hostigamiento organizado que se está llevando a cabo contra los políticos en la calle y ante sus domicilios. Con toda la razón, Jorge Fernández califica hoy en nuestras páginas de «radicalmente antidemocrático» a ese movimiento que está presionando a los diputados con la excusa de hacerles recapacitar para que cambien la legislación sobre desahucios. El ministro del Interior advierte de que los próximos en ser acosados podrían ser los jueces, que fallan en casos de desalojos, o los periodistas, que también se pronuncian en los medios sobre este asunto.

Quienes persiguen a los diputados hasta en su casa pretenden influir sobre su voto, no con la razón, como hipócritamente dicen, sino con la intimidación. El ataque a los representantes de la soberanía nacional es un ataque a toda la sociedad. En el fondo se trata de doblegar su voluntad mediante la amenaza para que se olviden del interés general y respalden determinadas posiciones de un grupo de presión concreto. Por ello resulta sorprendente que haya quien acoja con simpatía el escrache.

En democracia, hay unos cauces bien establecidos de funcionamiento. Para cambiar los gobiernos y las leyes existen las elecciones. Pero además, el acoso a los parlamentarios se está realizando a costa de la intromisión en su vida privada. El cinismo lacrimógeno que ha exhibido Ada Colau, la cabecilla del grupo antidesahucios, no debería engañar a nadie. «Habría que ver que opinaría esta señora y los que la apoyan si padecieran las mismas prácticas que ellos llevan a cabo», señala el ministro.

En el fondo, con la excusa de la democracia de la calle y la pancarta, se está creando un caldo de cultivo que pretende deslegitimar y subvertir el sistema. Hoy son los desahucios, pero si no se frenan estas situaciones, mañana pueden ser otros colectivos los que se planteen actuar contra los diputados para que el Parlamento legisle de forma favorable a sus gustos o intereses.

Con la ley en la mano, el Gobierno puede detener el acoso a los políticos. Ése es el camino. Jorge Fernández apela a la Ley Reguladora del Derecho de Reunión y a la Protección de la Seguridad Ciudadana. «Ambas leyes determinan que deben ser comunicadas a la autoridad gubernativa las reuniones en lugares públicos», advierte. El ministro está dispuesto a hacer cumplir la normativa, lo que implica que la Policía deberá identificar a quienes persiguen a los parlamentarios para su sanción.

El Gobierno hace lo correcto al tomarse en serio el acoso a las autoridades. Apelar a ideales, por buenos que éstos sean, no da patente de corso para hacer lo que uno quiera y saltarse las leyes. Permitirlo sería implantar en nuestra sociedad la ley de la jungla. Ahora bien, el Ejecutivo no puede quedarse sólo en medidas de contención. Es fundamental que redoble sus esfuerzos para reducir las causas del descontento social -empezando por el desempleo-, que es el río revuelto en el que intentan prosperar movimientos como el que crece en torno a los desahucios.